Si el futuro de la administración es claramente electrónico, ¿por qué parece que la Justicia sigue siendo un reducto del papel? Algún proyecto, como el Plan Intensivo de Nacionalidad por Residencia ha nacido porque no había ya espacio para guardar un solo expediente en este formato… con los consiguientes ahorros tanto en papel como en tiempo.
El de la Justicia es un mundo complejo, con muy diversos actores (Consejo General del Poder Judicial, Ministerio de Justicia, Comunidades Autónomas con la competencia transferida, abogados, Registros, notarios…) y cada uno de ellos ha intentado modernizarse “a su manera” para dar respuesta a unas necesidades concretas y sin contar con los demás -un ejemplo de ello es la existencia de ocho sistemas de gestión procesal diferentes– pero por fin se han dado cuenta de que la unión hace la fuerza, y que el trabajo en equipo permite un resultado más global y satisfactorio.
La realidad es que existe una ley reguladora del uso de las TIC en la Administración de Justicia, que respalda la existencia de una Justicia electrónica en no mucho tiempo.
Actualmente, los organismos judiciales (C.G.P.J., Fiscal General del Estado, Ministerio de Justicia y Comunidades Autónomas con materias transferidas) están trabajando conjuntamente en el Comité Técnico Estatal de la Administración de la Justicia (C.T.E.A.J.), que es el motor de la modernización de la Justicia.
Se trata de un organismo de cooperación, en el que todos los participantes colaborarán y pondrán en común sus conocimientos, para evitar los errores del pasado, y en aras de dar un servicio de calidad al ciudadano, que es por y para quien existe la Administración.
La prueba de que las cosas están cambiando es que este año ha sido el segundo consecutivo en que la feria internacional TIC SIMO le dedicaba un protagonismo especial a la Justicia.
Eficacia, eficiencia, agilidad, calidad e interoperabilidad han sido las cinco palabras más utilizadas por los ponentes, como objetivo y consecuencia a la vez de la modernización de la Justicia. Las nuevas tecnologías son una herramienta clave para conseguirlo.
En el marco de SIMO se han concedido además por primera vez los premios JUSTIC para aquellas iniciativas que contribuyen a avanzar en este sentido y se han establecido dos categorías: reconocimiento a la eficiencia y a la interoperabilidad.
La primera valora la optimización de los métodos procesales, aplicaciones y sistemas informáticos aplicados a la Administración de Justicia, y la segunda destaca la interconexión de aplicaciones y sistemas informáticos aplicados a la Administración de Justicia, así como la reutilización de información.
La comunidad autónoma de Canarias ha resultado ganadora del Premio Justic a la Interoperabilidad por el “Proyecto de integración de la plataforma Lexnet y Atlante II: servicio de notificación telemática” y el Banco Santander se ha llevado el Premio Justic a la Eficiencia por el “Proyecto sistema telemático de embargos judiciales”.
Ambos reconocimientos son un claro ejemplo de que la interoperabilidad conlleva grandes beneficios para el sector público y para el ciudadano. De hecho, supone un factor decisivo a la hora de garantizar la prestación de un adecuado servicio, que todos en algún momento de nuestras vidas necesitamos.
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