Podemos quedarnos con que somos un poquito obsesivos y casi 19 millones de españoles miramos nuestros móviles una media de 150 veces al día. O con que ya existen en el mundo casi tantos teléfonos móviles -6.800 millones- como personas: 7.100 millones. Son datos que han llamado la atención en los medios desde que se presentó el Informe de la Sociedad de la Información en España hace unos días. Pero en este post voy a centrarme en otras cifras, que reflejan el esfuerzo por promover una administración pública más eficiente con ayuda de las TIC, y la clara disposición por parte de los españoles a relacionarse digitalmente con ella.
En la introducción del Informe se dice que cuando uno piensa en 2012 podría parecer, dada la coyuntura, un año en el que no se hicieron demasiadas cosas, pero no es cierto en el ámbito TIC. De hecho, España se ha situado por primera vez por encima de la media europea en número de usuarios de la eAdministración, con un 45 por ciento de ciudadanos que interactuaron con las Administraciones Públicas a través de Internet.
El porcentaje de trámites realizados electrónicamente por las empresas superó el 90 por ciento. Y el hecho de que tres de cada cuatro trámites de los ciudadanos y de las empresas con la Administración General del Estado se realizaran por vía telemática representó un ahorro estimado de 28.500 millones de euros.
Pero el concepto eAdministración – recalca el Informe- no se queda en la posibilidad de realizar trámites administrativos digitalmente, sino que incluye la simplificación de dichos trámites, la eliminación de duplicidades, la mejora de la accesibilidad a los servicios, una mayor transparencia y cooperación, la interoperabilidad entre las administraciones públicas, la reutilización de información del sector público o la mejora de la seguridad: en definitiva, se refiere a una Administración más eficiente y capaz de prestar un mejor servicio al ciudadano con ayuda de las TIC. Y, en este sentido, se ha avanzado también con un gran número de medidas como la Agenda Digital, la Ley General de Telecomunicaciones o el Foro de Colaboración Público Privada.
La labor de este último, por ejemplo, está ligada al concepto de open data, que consiste en la apertura de datos públicos para su reutilización por parte de terceros, algo que no sólo puede contribuir a la creación de empleo y al crecimiento económico, sino que también redunda en los propósitos de transparencia y participación ciudadana. Como nos contaba Guillermo Conde en este mismo blog, España ocupa el segundo lugar en Europa en el ámbito del open data según la ePSI (European Public Sector Information Platform) y recordemos que la Comisión Europea concedió el año pasado un premio a la innovación en la Administración Pública a datos.gob.es, el Catálogo de datos Nacional.
Por tanto, y a la vista del capítulo de #SIE13 dedicado a la Administración electrónica, hay motivos para estar satisfechos y continuar avanzando en la hoja de ruta trazada.
Imagen: justgrimes
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