El pasado jueves 15 de enero entraba en vigor la obligatoriedad de emitir factura electrónica a las Administraciones Públicas. Es probable que aquellas empresas que no hayan llegado a tiempo se estén planteando una integración ad hoc mediante la interconexión de sus sistemas con FACe (el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la AGE). Pero ¡cuidado!, lo que podría parecer una solución rápida, quizá no sea lo mejor.
Los altos grados de adhesión a FACe publicados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas nos pueden llevar a pensar que basta con esta única integración para cumplir la nueva normativa de facturación electrónica. Pero es necesario tener en cuenta las siguientes cuestiones:
En primer lugar, es importante saber que actualmente no existe un censo en el que cada administración pública indique oficialmente cuál es su PGE (Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas). Presuponer que todas van a apostar por FACe es una asunción arriesgada. Las comunidades autónomas y las diputaciones también pueden crear sus propios PGEs (y lo han hecho) y, por tanto, no debemos pensar que todos los organismos públicos van a optar por el PGE de FACe.
En segundo lugar está el hecho de que algunos PGEs se implantaron con anterioridad a la normativa HAP/1074/2014 y no cumplen los requisitos, como el que matiza que deben ofrecer una interfaz web services a las empresas. De hecho, se da el caso de comunidades autónomas que habían montado sus soluciones de facturación electrónica con anterioridad a la normativa y están exigiendo factura electrónica en unas condiciones distintas a las que ahora establece la Ley.
Además, hay que tener en cuenta que la foto no va a ser inmutable. Tal vez en febrero de 2015 enviemos facturas a un ayuntamiento a través de FACe, pero nada nos garantiza que si su diputación genera su propio PGE en 2016, el ayuntamiento no vaya a cambiar su adhesión al nuevo PGE. ¿Esto implicaría tener que estar constantemente en disposición de montar una integración con ese nuevo PGE en tiempo récord para seguir facturando a dicho organismo? Es decir, ¿supondría mantener la tensión del pistoletazo de salida que ha representado el 15 de enero para siempre?
Y no perdamos de vista que las administraciones públicas son sólo la punta del iceberg. La propia Ley 15/2013, que establece la obligatoriedad de facturar electrónicamente a las AA.PP. incluye el derecho de los consumidores a exigir factura electrónica a determinados sectores de la empresa privada: telcos, utilities, servicios financieros a consumidores, agencias de viajes, transportes de viajeros y comercio al por menor, en los tres últimos casos cuando la contratación se haya realizado por medios electrónicos.
En este sentido, está claro que el Gobierno quiere impulsar también la factura electrónica en el sector privado como mecanismo para la mejora de la competitividad. Concretamente, un estudio del Plan Avanza valora en 2,78 euros el ahorro por factura que obtiene una empresa al emitir sus facturas en formato electrónico y en 0,70 euros el de la empresa que recibe una factura electrónica. Por ello, es de esperar que una vez esté más rodada esta primera fase, el siguiente paso natural sea que las empresas facturen a sus clientes de forma electrónica y exijan también factura electrónica a sus proveedores.
Y en el entorno de la empresa privada surge otro tipo de complejidades que va más allá de la propia tecnología como qué requisitos se deben cumplir para poder emitir factura electrónica a una empresa, qué alternativas se consideran válidas para conseguir el consentimiento de los clientes sin que los formalismos frenen el proyecto, o cómo establecer un procedimiento con los proveedores que satisfaga tanto a los que tienen capacidad tecnológica como a los que no.
En medio de toda esta vorágine de incertidumbre y volatilidad surge como opción el operador de factura electrónica, con experiencia suficiente para un asesoramiento cualificado y preparado para ofrecer soluciones de facturación electrónica como servicio, interactuar con el resto de operadores de facturación electrónica y evolucionar los mecanismos de interconexión de acuerdo con la normativa. De esta manera, hace transparente la complejidad tecnológica subyacente.
Así, la empresa sólo tiene que hacer una única integración con el operador, y éste será el responsable de implementar las distintas interfaces con los diferentes PGEs de las administraciones públicas y adaptarse a la evolución de los PGEs y los organismos públicos adheridos a los mismos. Además, gestionará las interfaces con las empresas privadas que requieran facturación electrónica.
En resumen, aunque a priori podría resultar tentador montar una integración entre los sistemas de nuestra empresa y FACe, puede ser una solución que no tarde en quedarse obsoleta. Telefónica, como operador de factura electrónica, cuenta con el servicio eFactura que permite implementar una estrategia exitosa de facturación electrónica para las empresas, que se traduce en la optimización de procesos y la obtención de ahorros.
Imagen: Red.es
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