Recientemente han aparecido noticias de que se está avanzando en la interoperabilidad en el sector público en Italia, Francia, Alemania y Reino Unido. En España vamos por delante: hace algunos años ya que se publicó la Ley de acceso electrónico a los servicios públicos (11/2007) y también hace algún tiempo que los reales decretos de seguridad e interoperabilidad, emanados de ella, vienen desarrollándose. De hecho, a principios de año han empezado a ser de obligado cumplimiento para todos los casos.
Durante la Cumbre Europea celebrada en Sevilla en junio de 2002, la Unión Europea lanzó su primer y principal proyecto político orientado a lograr la interoperabilidad en las administraciones públicas y, con ello, unos servicios públicos electrónicos eficientes, innovadores y lo más transparentes posible para los ciudadanos. El programa “eEurope Action Plan 2005” constituyó el origen de todos los esfuerzos políticos de interoperabilidad pública que ha realizado la UE. Más concretamente, fue en esa cumbre cuando los gobiernos de los Estados miembros impusieron a la Comisión la tarea de redactar un marco europeo de interoperabilidad “basado en estándares abiertos y que fomentase el uso del software libre”, de manera que sirviera como nexo de unión y guía para todos los esfuerzos y normativas de interoperabilidad que se llevaran a cabo en cualquier administración de la UE.
La gran aportación de estas normas es su capacidad para transformar la sociedad. El sector público es la gran plataforma en la que se apoyan las actividades económicas, sociales y políticas y, por ello, en la medida en que ofrezca conectores abiertos facilitará la innovación en la sociedad: de sus empresas y de sus ciudadanos, y en la medida en que ofrezca confianza y estabilidad facilitará la seguridad tanto de inversiones como de responsabilidades jurídicas.
El Esquema Nacional de Seguridad (RD 3/2010), el Esquema Nacional de Interoperabilidad (RD 4/2010) y el RD 1495/2011 de reutilización de la información del sector público en España establecen pilares cruciales ejemplarizantes para conseguir esa nueva sociedad. Entre ellos, destacan la racionalización, que permite el uso conjunto de infraestructuras y servicios de interés común y la estandarización, que prima los estándares abiertos como fórmula de neutralidad tecnológica que evite que las decisiones públicas subyuguen el interés privado y viceversa. También es clave la reutilización de software y datos, así como instrumentos para compartirlos libremente con la sociedad y el sector privado como el portal Open Data o el Centro de Transferencia Tecnológica. Por último, señala el enfoque y la dirección adecuada para conseguir la certeza de que los sistemas de información prestarán sus servicios y custodiarán la información de acuerdo con sus especificaciones funcionales, sin interrupciones o modificaciones fuera de control y sin que la información pueda llegar al conocimiento de personas no autorizadas.
Establece la seguridad como una actividad integral que afecta a todos los elementos técnicos, humanos, materiales y organizativos relacionados con el sistema y en la que no caben actuaciones puntuales o tratamientos coyunturales, debido a que la debilidad de un sistema la determina su punto más frágil y, a menudo, este punto es la coordinación entre medidas individualmente adecuadas pero deficientemente ensambladas.
Los propios documentos de los reales decretos, así como las normas técnicas que los desarrollan y las guías (serie 800) publicadas por el CCN-CERT o los foros especializados como el Encuentro Internacional de Seguridad de la Información o el Congreso Nacional de Interoperabilidad y Seguridad contienen un excelente material para que también las organizaciones privadas apliquen adecuadamente estas políticas a sus propios sistemas de información y las TIC pasen de ser un valor añadido o un instrumento facilitador a una herramienta esencial en el negocio y la base sobre la que crecer, internacionalizarse y ser más competitivos.
También lo son para que organizaciones civiles, colectivos sociales, ONGs o grupos de interés puedan organizarse de una forma más eficiente y conseguir más fácilmente sus objetivos.
Por tanto, estas estrategias habilitan un mercado más libre y abierto en las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, lo que propicia una forma más sana de competir y mecanismos intrínsecos que animan a la colaboración de las empresas. Además, en la medida en que se estimula a las compañías a proveer de soluciones interoperables y seguras al sector público, adquieren capacidades que constituirán su oferta al resto.
De esta forma, avanzamos hacia un ecosistema tecnológico más eficiente que incide en la mejora de la productividad del resto de sectores económicos.
Imagen: TANAKA Juuyoh
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