El año pasado entrevistábamos a Víctor Almonacid por el reconocimiento a su labor de innovador público; en esta ocasión tenemos que felicitarlo por el premio Novagob 2016 a la Excelencia que ha obtenido el Ayuntamiento de Alzira, en el que trabaja, por su apuesta decidida -con tres años de antelación respecto a su obligatoriedad legal- por la licitación electrónica.
-Háblanos del proyecto premiado.
En efecto, el Ayuntamiento de Alzira ha implantado un proyecto integral de licitación electrónica al servicio de los principios de legalidad, eficiencia y transparencia. Más allá de modernizar la gestión contractual pública, fomenta políticas públicas modernas. Hay que pensar que la contratación pública mueve mucho dinero y ese dinero debe acabar “donde más falta haga”, donde más produzca y no siempre en manos de los mismos. Cada vez se presentan más empresas aspirantes a ser el contratista del ente público. Mecanismos como la subasta electrónica dan mucho juego en este sentido. Ya conocemos el ahorro que supone la implantación de la administración electrónica. En el caso de la contratación electrónica este ahorro tiene muchas dimensiones: comienza por la reducción de las cargas administrativas que supone para los licitadores poder presentar la documentación por medios telemáticos en formato electrónico, además de minorar la exigencia del número de documentos que hay que presentar, que se sustituyen por ejemplo por una declaración responsable. A su vez, esta facilidad para licitar aumenta la concurrencia, al tiempo que permite la participación de las PYME y los emprendedores en el servicio público y, algo muy importante, en el dinero público.
En cuanto a la transparencia, resulta evidente que los medios electrónicos la fomentan. Todo lo que hace el Ayuntamiento de Alzira se publica o, cuando menos, se registra. Está muy bien favorecer a los emprendedores, pero la segunda parte es que todos los ciudadanos se enteren de lo que se está haciendo y por qué, en primer lugar por si les interesa participar y, en todo caso, por la debida rendición de cuentas.
– Explícanos en qué consiste la compra pública innovadora (CPI) y cuál es su potencial.
La contratación pública es el instrumento ideal y transversal para la implantación de determinadas políticas y el cumplimiento de determinados fines públicos. En este sentido, es obligación de la administración promover la economía y la iniciativa empresarial, especialmente la local, la emprendedora y la tecnológica. También por supuesto la social, la medioambiental… Ésta es la nueva economía y el nuevo sector empresarial post crisis.
De forma concreta, la CPI es un contrato que la entidad pública saca a concurso para satisfacer una necesidad no cubierta mediante una solución innovadora. Tiene una definición oficial, acuñada en 1999 por Edquist y Hommen, según los cuales la CPI se produce cuando “una entidad pública aprueba un pedido de un producto o sistema que no existe en ese momento, pero que puede desarrollarse probablemente en un periodo de tiempo razonable. Requiere el desarrollo de tecnología nueva o mejorada para poder cumplir con los requisitos demandados por el comprador”. En cuanto a su uso estratégico, no cabe duda de que la CPI es una política pública de fomento de la contratación pública con PYME, emprendedores y empresas que realicen una “apuesta tecnológica”. Según Xavier Sancliment, que es uno de los mayores expertos en CPI, debemos incorporar una nueva manera de comprar, en la que las empresas y los emprendedores encuentran en la administración pública un entorno favorable en el que trabajar sus productos y servicios más innovadores. La contratación pública de innovación tendría, en este sentido, un impacto enorme en el progreso tecnológico, pues las empresas podrían hacer una apuesta tecnológica sabiendo que cuentan con un cliente que va a asegurar sus ventas. Iniciativas de este tipo podrían introducir importantes mejoras en los servicios públicos y al mismo tiempo reducir el riesgo de la inversión en innovación y desarrollo. La Compra Pública Innovadora permite compensar una “brecha de mercado” característica de los sectores de alta tecnología. Se habla mucho de smart cities, pero pensemos en una ciudad inteligente que se retroalimenta con el tejido empresarial innovador local…
– En ese entorno tendría un papel especialmente relevante.
Sí, es una modalidad contractual que encaja como anillo al dedo en el desarrollo de proyectos de smart cities, autoabastecidos con talento local. Se trata de un nuevo paradigma, una actividad pública muy moderna, a medio camino entre la contratación, la subvención y la colaboración, algo que escandaliza a los administrativistas anclados en el siglo XX.
– Al responder a un nuevo esquema mental, el éxito de esta fórmula requiere un importante cambio cultural de la administración. ¿Cuál es tu opinión y cómo es su uso en este momento en España?
Es un gran momento para hacer coincidir, por fin, la excelencia y la legalidad. La Directiva de Contratación de 2014 ha sido un gran empujón. Soy optimista: el nuevo esquema mental al que aludes está casi impuesto, si bien -seamos realistas- no lo ha logrado, ni mucho menos inventado, la administración, sino objetivamente las circunstancias, los grandes problemas (crisis, paro, corrupción…) y desde el punto de vista subjetivo el resto de actores de lo público: PYME, emprendedores, ciudadanos, tecnología, medios… y, bueno sí, unas pocas entidades públicas pioneras que han innovado e incluso se han arriesgado (y por supuesto haciéndolo han ganado). Lo peor que le puede pasar a una entidad pública en el momento actual es funcionar de manera conservadora. No cambiar ahora mismo significa morir. Si, por ejemplo, la Administración dificulta la creación de un nuevo negocio, mejor echamos el cierre.
– ¿Qué otras fórmulas de compra destacarías frente al “pliego de condiciones”?
Personalmente me encanta esa modalidad de la CPI que es la Compra Pública Precomercial (CPP). En ella, la administración y las empresas colaboran, previo pacto del reparto de los riesgos y futuros beneficios, en la creación de un nuevo producto o servicio que en ese momento incluso está muy lejos de llegar al mercado pero que se prevé que cubrirá una necesidad pública en el futuro. Invertir para cubrir una demanda futura me parece muy interesante, porque la administración se puede permitir el lujo, hasta cierto punto, de asumir estos riesgos, y los emprendedores pueden trabajar “a la carta” en el diseño de soluciones innovadoras, normalmente tecnológicas. Esto es progreso en estado puro. Realmente estamos hablando de una asociación para la innovación, en la que las entidades que se asocian pueden ser cualesquiera, desde una pública y una privada hasta varias públicas y varias privadas, que además pueden proceder de distintos países. Sé que esto rompe todos los esquemas del procedimiento clásico, pero en diez años será de lo más habitual.
Sea como fuere, lo importante no es el pliego. Muchos burócratas están obsesionados con la legalidad (según para qué, por cierto), y no entienden que para alcanzar las más altas cotas de legalidad el procedimiento es sin duda importante, pero lo es mucho más la transparencia: que se sepa el destino de cada euro público, que se conozca la intención de la entidad pública en sus políticas y actuaciones y en qué grado se han cumplido los objetivos inicialmente previstos. Es decir, rendición de cuentas. En esto consiste la moderna gestión pública, mucho más que en el deleite por la pulcritud formal de los expedientes.
–Has sido un firme convencido de Novagob desde el principio. La red cuenta ya con 8.000 usuarios -en torno al 40 por ciento de ellos en España. Este año asistirás al III Congreso. ¿Qué se ha avanzado en estos años?
En efecto, he sido un firme defensor del proyecto desde su creación porque pensaba que era muy necesaria una red social de empleados públicos que compartiesen opiniones y contenidos. Es por ello que siempre he procurado estar implicado en Novagob y destacaría la labor del grupo de contratación pública. En cuanto al Congreso de este año, el programa es sensacional. El trabajo realizado por la organización, y por todas las personas involucradas es de diez. Vaticino que esta tercera edición será mucho mejor que las anteriores porque he seguido su organización muy de cerca y aplaudo esa mezcla conseguida entre la repetición de los aciertos de convocatorias anteriores y espacios completamente nuevos, como los “debates cara a cara”, que pintan muy interesantes. Tengo el honor de inaugurarlo con una charla que va a ser muy divertida. Por otra parte, San Cristóbal de La Laguna se ha consolidado definitivamente como la sede ideal, y es un lugar precioso. Hay 20 razones para no perderse este Congreso.
-En el marco del Congreso vas a presentar el "Diccionario de administración electrónica". Háblanos del libro.
Surge de una conversación con mi compañera y amiga Conchi Campos, quien me sugirió publicar un artículo en la revista El consultor de un breve diccionario de términos de administración electrónica que ya publiqué en mi blog. Enseguida vi dos cosas: que era una gran idea (porque quizá los “no digitales” lo necesitan) y que se trataba de un proyecto faraónico si quería aprovechar la oportunidad para hacerlo realmente completo, actualizado y, sobre todo, útil. El resultado final, mucho más ambicioso que la propuesta inicial de un artículo de quince páginas, es una obra de más de 100 páginas y 700 términos sobre administración electrónica, transparencia, smart cities, redes sociales, archivo, ofimática, licitación… Como reza la introducción, la finalidad es “acercar la administración electrónica a todos los profesionales y responsables públicos, pero, incluso por encima de esta noble empresa, pretendemos derribar de una vez por todas la Torre de Babel existente en las AA.PP., recogiendo y proponiendo un único idioma administrativo universal en el que se puedan entender los jurídicos con los informáticos, los arquitectos con los archiveros, los economistas con los subalternos; y todos ellos entre sí, y con los políticos. Debemos empezar a hablar todos el mismo lenguaje, o al menos entenderlo, porque hoy en día todos los proyectos son multidisciplinares y la coordinación interadministrativa, interdepartamental, interpersonal y entre colectivos, es más importante que nunca”.
– Y, para finalizar, vas a empezar el curso con nuevos proyectos laborales… Cuéntanos.
Pues ahora mismo estoy en situación profesional de licencia no retribuida (no confundir con la excedencia), al menos hasta final de año. Lo necesitaba para tomarme un respiro después de 17 años sin parar, y también para atender todos los compromisos adquiridos en formación e impartición de charlas. Además, voy a colaborar con Novagob en el nuevo proyecto Novagob LAB, y también por supuesto con las instancias en las que sigo implicado, esencialmente COSITAL y la FEMP, para la que por cierto estoy coordinando la nueva Ordenanza tipo de administración electrónica, ya adaptada a las leyes 39 y 40.
El caso es que por distintos motivos pensé que debía salir de la administración unos meses. Uno de mis temas es la transparencia, de modo que me parecía lo más coherente y lo más ético dejar de percibir el sueldo del ayuntamiento en un momento en el que, por el auge de la administración electrónica, estoy atendiendo más compromisos externos de lo habitual. Aprovecharé también este paréntesis para decidir mi futuro profesional a medio plazo, si bien lo primero es regresar al Ayuntamiento de Alzira (en realidad nunca me he ido) y cerrar seguramente el círculo de la administración electrónica inteligente integrada e integral. Tras este reto cumplido decidiré en qué proyecto lo suficientemente estimulante me embarco, probablemente dentro del sector público pero quizá, por qué no, en el sector privado. Seguramente en este momento puedo ser más útil a la administración desde fuera que desde dentro. ¡De momento, el mes que viene nos vemos en el Congreso Novagob 2016!
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