La nueva Ley General de Telecomunicaciones (LGTel) por fin se aprobaba el pasado 9 de mayo, tras un largo proceso de discusión en las dos cámaras de representantes. Se trata de una ley largamente esperada, que ve la luz en un nuevo marco regulatorio europeo.
Guiará los pasos del sector de las telecomunicaciones en los próximos años, después de que su actividad se haya desarrollado en un entorno complicado, en el que los operadores se han enfrentado a una encrucijada en varios frentes:
- Crisis económica que, a pesar de las noticias de optimismo que sentencian su muerte, parece que las empresas del sector no tienen superada totalmente, como reflejan sus cuentas de resultados.
- Entorno regulatorio muy intrusivo, con la instauración de un modelo de competencia en servicios con la reducción de los precios como principal objetivo.
- Objetivos emanados desde la Comisión Europea muy ambiciosos y con elevada dificultad y coste para alcanzarlos.
- Pérdida continua de ARPU (ingreso medio por usuario), en gran medida por el modelo de competencia instaurado, que limita la generación de márgenes suficientes para desarrollar un círculo virtuoso tras un proceso continuo de inversión e innovación.
- Multiplicidad de requerimientos administrativos para el despliegue de redes.
- Incremento de la presión fiscal, con nuevas tasas (financiación RTVE, etc.).
- Proceso de renovación o modificación de las infraestructuras de acceso…
En definitiva, un laberinto en el que se hacía necesario contar con un marco de referencia que facilitase la modificación de la dinámica adquirida por los agentes presentes en el mercado. Era completamente necesario incentivar un proceso de inversión, tanto para cumplir con los objetivos de la Agenda digital europea , como para la mejora de la productividad y la eficiencia de los diferentes sectores, a través de las Tecnologías de la información.
La reciente LGTel aparece por primera vez no como un traslado del marco normativo europeo, como en 2003 y posterior modificación de 2013; o como una necesidad frente a la liberalización del sector (1998), sino como consecuencia del análisis de las necesidades y problemas a los que se enfrenta el sector de las Telecomunicaciones.
Así, trata de establecer un marco que facilite el despliegue de las nuevas redes y de minimizar el impacto administrativo a los operadores que deciden invertir y asumir los riesgos de la incertidumbre del mercado; y permite a todos los usuarios que deseen disponer de los nuevos servicios la posibilidad de ejercer su derecho.
El texto aprobado, entre otros aspectos, simplifica el régimen de licencias y autorizaciones administrativas en el ámbito local; establece instrumentos de coordinación y cooperación entre Administraciones Públicas y el Ministerio; facilita los derechos de ocupación, tanto en el dominio público como en la propiedad privada; el acceso a infraestructuras susceptibles de alojar redes de comunicaciones electrónicas; el acceso a las infraestructuras comunes de telecomunicaciones en los edificios y, en definitiva, genera un marco más favorable para facilitar el despliegue de nuevas infraestructuras.
La ley también incide también en el plano de los clientes finales, y anticipa y reconoce mayores garantías para los usuarios de comunicaciones electrónicas.
Sobre esta base, contribuye a garantizar uno de los objetivos más importantes como es el de promover la inversión en materia de infraestructuras y la innovación, y tiene en cuenta los riesgos en que incurren los actores implicados. Circunstancia que ha venido acompañada por el inicio por parte de los principales operadores de los diferentes planes de inversión en redes de nueva generación (NGAs), hecho incentivado a su vez por la limitación en la regulación mayorista de estas nuevas redes y por los movimientos ya iniciados o en ciernes de fusiones en el sector, que parecen instaurar en el mismo una fuerte competencia en infraestructuras.
Una cuestión que sorprende en la actual LGTel es su mención a la bajada de precios como uno de los objetivos que debería derivarse de una competencia efectiva, como beneficio para empresas y consumidores.
Esta situación es sumamente importante para los operadores que inician una apuesta, no exenta de riesgo, por unos ambiciosos planes de despliegue, donde se opta por la competencia en infraestructura y se trata de generar una diferenciación en valor, con el consiguiente provecho para el cliente final. Esta dinámica comercial debería servir para alcanzar unos precios adecuados que permitan la generación del margen necesario para poder dar continuidad y retroalimentar el proceso inversor que, en definitiva, es la única forma de mantener el proceso de innovación a largo plazo.
El beneficio para el usuario no tiene por qué venir de una bajada de los precios nominales, sino de una mejora de las condiciones o características del servicio. Y es que un modelo sustentado en la inversión introduce un cambio cualitativo importante, al incrementar el valor de los servicios. Esto permite crear un escenario de win to win, en el que tanto los usuarios como los prestadores de los servicios ganan: un modelo a largo plazo y sostenible en el tiempo frente a otro a corto plazo y sin capacidad de mejora.
Ése es precisamente el modelo que es necesario instaurar, y que esperamos que pueda asentar la nueva LGTel como camino para que el efecto multiplicador se extienda, tanto en este sector como en el resto, para impulsar la mejora económica del país. En este entorno los mercados financieros podrán valorar convenientemente a los operadores, y éstos ganar peso e igualdad de trato frente a los agentes sde otras áreas de influencia económica u otras partes de la cadena de valor. Se trata, pues, de un modelo que debe ser apoyado por todas las autoridades regulatorias para facilitar su correcto desarrollo.
Imagen: kainet
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