El sector de las TIC vive un momento muy importante en lo que a su evolución y desarrollo futuro se refiere, y de él depende un número elevado de impactos sobre el resto de la economía: tanto en términos de productividad (a través de la mejora de los procesos de los diferentes sectores), como de crecimiento del PIB.
No hay que olvidar que es un factor fundamental para la innovación y de ahí que deba preocuparnos el reciente informe del Consejo Económico y Social (CES), “La situación de la I+D+i: en España y su incidencia sobre la competitividad y el empleo”, entre cuyas conclusiones están que España es uno de los países alejados del objetivo del dos por ciento de gasto en I+D respecto al PIB para 2020; y que habría que duplicar la participación del sector privado en dicha inversión, lo que requeriría la puesta en marcha de un conjunto de medidas que establecieran un marco más favorable a las mismas.
Ante esta situación, y en lo que a las TIC se refiere, se han elevado innumerables voces, entre ellas la del consejero delegado de Telefónica, José María Álvarez Pallete, durante su intervención el mes pasado en el Congreso de Telecomunicaciones “Estrategias para el mercado único digital” celebrado en Santander, que reclaman para Europa un nuevo marco regulatorio que favorezca las inversiones en redes.
Cuando se analiza el sector y se escucha a los diferentes expertos se nos viene a la mente el refrán “no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy”, aplicable tanto desde el punto de vista de la regulación de las redes de nueva generación (NGN), como desde la revolución digital que está provocando esta nueva conectividad.
España ha visto en estos últimos años cómo se puede modificar la dinámica sectorial utilizando una regulación sustentada únicamente en el acceso a las facilidades esenciales (el acceso a la infraestructura civil y a verticales) frente al modelo tradicional basado en una competencia en servicios, que ha demostrado ser ineficaz para incentivar la inversión. Esta situación ha permitido que se pueda iniciar un modelo de competencia en infraestructuras, que nos ha convertido en el país de referencia en el desarrollo de nuevas redes dentro de la Unión Europea. Según datos de FTTH Council, en 2014 España fue el primer país de la UE en crecimiento de hogares pasados y suscriptores por FTTH/B (fibra hasta el hogar/edificio), camino de situarse en ese puesto en términos de cobertura durante el presente ejercicio; ahora hay que evitar romper esa dinámica.
Alcanzar estos objetivos no es fácil, y se ha logrado gracias al esfuerzo inversor en un entorno similar al que se desarrolló en otras áreas de influencia económica, como Estados Unidos, donde se ha intentado generar un círculo virtuoso que permita incentivar la inversión e innovación, que a su vez redunda en una mayor satisfacción de los usuarios finales, y de la misma forma obtener un retorno adecuado para seguir dinamizando esa inversión e innovación como pieza clave en el desarrollo sectorial y económico del país.
Recientemente asistí en la Fundación Areces a un encuentro en el que se reflexionaba sobre la regulación a raíz de la publicación del libro de Crisanto Plaza, "Ensayo sobre la regulación tecnológica. La era digital en Europa". Alguno de los ponentes apuntó que “el modelo regulatorio tradicional de competencia se basa en que si las inversiones dan beneficios y estos beneficios atraen a otros agentes, está bien; pero en este sector, con estas reglas regulatorias, no se logra hacer atractivas las nuevas inversiones en las redes NGA por su escasa rentabilidad, y sin rentabilidad no hay inversión”.
En ese sentido, se ha podido comprobar que el modelo de competencia en servicios no sirve para el escenario actual de despliegue de nuevas redes, que requiere un modelo de competencia en infraestructuras, como mencionaba, para así permitir el libre juego de los agentes y motivar a entrar a los operadores alternativos sin “expropiar” las nuevas inversiones de los operadores incumbentes. Las próximas decisiones regulatorias serán determinantes para configurar un futuro adecuado, y no seguir anclados a un modelo tradicional que se ha demostrado pernicioso para el sistema económico, y nos aleja cada vez más de otras áreas económicas, como EE.UU.
De ahí la necesidad de reclamar ese cambio de modelo regulatorio para las redes de nueva generación, dado que nada tienen que ver con las antiguas redes de cobre, que alcanzaron su principal desarrollo en momentos de exclusividad. Las redes NGN inician su despliegue desde un mercado muy repartido entre los agentes participantes, donde todos los operadores tienen las economías de escala y alcance suficientes para desarrollar sus estrategias de despliegue, que les permitirán competir por el cliente. En la actualidad los posibles gaps existentes se deben a estrategias empresariales diferenciales, y cualquier justificación regulatoria sólo sirve para esconder posibles errores empresariales.
España requiere un entorno que favorezca la inversión en TIC, para que esto repercuta en mejoras en la productividad y el crecimiento del PIB, que le permitan situarse a la altura de los países de su entorno; pero no es un problema exclusivo de España, sino de toda la Unión Europea frente a Estados Unidos.
Si analizamos la presencia de operadores europeos por capitalización bursátil en las principales listas de los sectores de telecomunicaciones, tecnológicos o de Internet, hay una presencia escasa y se observa la ausencia en alguno de ellos de algún referente de la UE, cuando en los primeros años de liberalización del sector su peso era muy significativo.
¿Qué indica esto? Evidentemente que algo está fallando, existe un problema respecto al que es necesario establecer el marco adecuado, replantearse las características del nuevo escenario y no trasladar las reglas del pasado.
Me remito de nuevo al discurso de Álvarez Pallete, en el que planteaba lo preocupante de la situación, ya que “hemos dejado de ser la cuna de la innovación, donde se establecía una visión y se señalaba un camino; ahora el 41 por ciento de las empresas europeas aún no ha iniciado la digitalización”. La revolución digital no puede ocurrir sin las correspondientes inversiones en nuevas redes y, para ello, es imprescindible una revisión en profundidad del modelo regulatorio. “Las reglas de juego deben ser capaces de garantizar los derechos de los usuarios y deben aplicarse las mismas reglas a los mismos servicios”, en una clara referencia a la actividad de las nuevas plataformas.
Ahora, desde el análisis de las variables sectoriales, que cada uno juzgue la necesidad y la urgencia de hacer algo para evitar mayores perjuicios en nuestra área de influencia económica. Es necesario incidir también en la necesidad de realizar un conveniente análisis prospectivo, que con casi toda seguridad nos haría cambiar la visión final. Bajo mi humilde punto de vista, debería plantearse un marco disruptivo que permita incentivar las inversiones en aras de una competencia entre infraestructuras, sin restricciones para ningún agente, a diferencia del marco vigente.
Imagen: Óscar F. Hevia
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