¿Qué se entiende por “monitorización electrónica”? Según la RAE, “monitorización” es la acción y efecto de observar mediante aparatos especiales el curso de uno o varios parámetros fisiológicos o de otra naturaleza para detectar posibles anomalías. Cuando esos aparatos son electrónicos hablamos de “monitorización electrónica”, un concepto muy amplio que recoge desde sistemas de monitorización de la frecuencia cardíaca fetal, hasta sistemas de monitorización de naves espaciales (telemetría).
A principios de junio, 3M Electronic Monitoring celebraba en Jerusalén su evento internacional de partners al que Telefónica asistió como principal socio tecnológico de su sistema contra la violencia doméstica. El objetivo era mostrar su posicionamiento en este mercado y la hoja de ruta de sus productos, además de compartir experiencias y resultados de los diferentes proyectos implantados en el mundo.
El mercado de la monitorización electrónica en el ámbito de la localización de personas, en el que se centra la actividad de 3M-EM, crece cada año. Desde que en la década de los 70 un juez de Nuevo México, Jack Love, se inspirara en una viñeta de Spiderman para evitar la saturación y los disturbios en las prisiones de su distrito, la utilización de los brazaletes electrónicos en personas que se encuentran en cualquier fase del proceso penal (investigación, instrucción, arresto domiciliario, etc.) ha ido aumentando, tanto en el número de personas monitorizadas como en el de países que adoptan esta medida en lugar de la encarcelación.
Como era de esperar, a lo largo de todos estos años la tecnología aplicada ha evolucionado desde una monitorización progresiva, basada en radiofrecuencia, hacia un análisis predictivo que permite llevar a cabo acciones preventivas. Al principio solo se podía controlar si una persona se encontraba en determinados momentos del día en algún sitio concreto (por ejemplo, en su casa). Posteriormente, con radiofrecuencia se pudo controlar, de forma exacta, dónde se encontraba una persona dentro de un recinto cerrado convenientemente adaptado (por ejemplo, el centro penitenciario). Con la estandarización y el auge del sistema global de posicionamiento GPS y la eliminación de la disponibilidad selectiva por parte del gobierno de los EE. UU. a principios del año 2000 (error intencionado introducido en la señal GPS para evitar la excesiva precisión de los receptores GPS comerciales), se empezó a utilizar esta tecnología para conocer la localización de las personas monitorizadas en cualquier momento y lugar.
En 2009, a raíz del proyecto que Telefónica gana para el control telemático de las medidas de alejamiento en materia de violencia de género, el sistema de monitorización electrónica da un paso adelante al permitir controlar la distancia en tiempo real entre dos personas que llevan un dispositivo de localización.
Fuente: Deloitte GovLab
La implantación de estos sistemas requiere de una legislación concreta que regule los casos en los que una persona puede estar localizada. En este aspecto es donde más diferencias hay entre unos países y otros. Existen acuerdos y marcos legales internacionales como: Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 9.3, la regla 6 de Las Reglas de Tokio o la Directiva 2011/99/UE del Parlamento europeo y del Consejo…, que abren la posibilidad de implantar estos sistemas, pero debe ser cada país el que establezca las bases y los medios para hacerlo.
Algunas disparidades en la implantación y gestión de estos proyectos en el ámbito internacional se encuentran en la gestión -llevada a cabo en unos casos por la Administración Pública y, en otros, por la empresa privada-, la propiedad de los dispositivos telemáticos -en régimen de propiedad de la Administración Pública o en contrato de leasing-, o el tipo de dispositivos utilizado -1Piece, 2Piece, alcoholímetros, unidad base en casa, etc.-.
El uso de los medios telemáticos para condenados que disfrutan del tercer grado penitenciario (cumplimiento de la sentencia en un régimen de semilibertad), libertad condicional (conocida como “cuarto grado”) o arresto domiciliario (pena de localización permanente) está ampliamente regulado internacionalmente, mientras que circunstancias como permisos penitenciarios, control de inmigrantes, localización de jóvenes o terroristas/extremistas… no lo están tanto.
En los casos de violencia doméstica, cada vez más países legislan la utilización de estos medios. España, con su proyecto de “Violencia de Género” gestionado por Telefónica, sigue siendo la referencia mundial.
Imagen: Vjom/Shutterstock
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