Es frecuente que los avances tecnológicos generen sentimientos encontrados entre las nuevas oportunidades que representan y sus riesgos. De alguna forma, todos somos trabajadores de una gigantesca red social a la que aportamos información que es procesada por algoritmos cuyo fin último, en la mayoría de los casos, desconocemos: una amalgama de intereses públicos y privados, económicos y políticos. Proliferan soluciones que impulsan el desarrollo de las ciudades inteligentes, el universo big data o los progresos de una inteligencia artificial que convierte en realidad las elucubraciones más imaginativas de la ciencia ficción de antaño pero, más allá del miedo a unos robots que pueden dejarlo sin trabajo, ¿percibe realmente el ciudadano los beneficios de la revolución tecnológica para sus problemas cotidianos? Open data es estratégico para ello.
Hace unos días leía que las concejalías valencianas que no fueran transparentes podrían ser sancionadas con 3.000 euros. La medida busca promover la democracia participativa con una mejora del acceso de los ciudadanos a la información de los organismos públicos municipales. La buena nueva es que no se trata de una medida excepcional, ya son muchas las administraciones de ámbito local y estatal que abogan por rendir cuentas de su gestión, al tiempo que retorna a la sociedad una información que le pertenece.
De hecho, éste fue el eje del Encuentro Aporta celebrado en Madrid a finales del año pasado bajo el lema “Emprendiendo con datos públicos”, en el que políticos y empresarios pusieron sobre la mesa distintas iniciativas que permiten, por ejemplo, que un agricultor pueda consultar desde su terminal móvil las necesidades de riego en su finca o los mercados óptimos para vender su producto. Y es que con open data la tecnología aterriza en los pequeños detalles de la vida cotidiana. Otro de los casos de éxito mostraba los beneficios del maridaje entre reutilización de datos públicos y tecnologías IoT para optimizar la gestión de contenedores de residuos. Asimismo, se abre un horizonte esperanzador para el sector sanitario, donde permite agilizar diagnósticos críticos sobre la base de conocimiento acumulado y compartido entre distintos centros.
Lo interesante de todas estas experiencias no es solo la multiplicidad de aplicaciones y sectores implicados, sino la conjunción de esfuerzos desde el ámbito institucional y privado, así como las oportunidades que ofrece la reutilización de información del sector público para la transparencia política, el desarrollo económico y la innovación.
Por ello, el desarrollo tecnológico vinculado a open data se encuentra en la encrucijada de políticas institucionales, pero también constituye un caladero de iniciativas empresariales que en distintos sectores alumbran todo un catálogo de nuevos servicios para el ciudadano. Si tenéis curiosidad por saber a qué tipo de información me refiero podéis visitar, por ejemplo, el Portal de datos abiertos del Ayuntamiento de Madrid, que proporciona un amplio espectro de datos de la ciudad.
Tras todo ello hay un importante cambio cultural, transversal porque afecta a varios sectores y a distintos agentes, pero también vertical, porque devuelve a la sociedad información generada por las administraciones en el ejercicio de sus funciones. De hecho, nuestro país es considerado como pionero en materia de datos abiertos en el contexto europeo, en cuyo ranking ocupa el segundo puesto. Un mérito que no es baladí si tenemos en cuenta que los datos abiertos se consideran uno de los más importantes activos estratégicos a la hora de impulsar la transformación digital de la sociedad. Por encima de la media europea, esta posición revela el tremendo esfuerzo realizado por España dentro del grupo de prescriptores que el año pasado integraban quince países, de los que en 2018 solo permanecen cinco dentro de esta categoría. Y es que en nuestro país 13.000 personas trabajan para un sector infomediario que aporta el 2 por ciento del PIB europeo, con la previsión de que esta cifra se duplique en 2020.
Sin embargo, aún queda un largo recorrido de mejora. En primer lugar, es preciso ampliar el elenco de datos con nuevas colecciones, mediante la imbricación de open data en los procedimientos administrativos, sin descuidar aspectos relacionados con la calidad y actualización de la información en tiempo real. Y, en segundo lugar, es necesario potenciar la creación de perfiles multidisciplinares que, desde empresas e instituciones académicas, identifiquen nuevos casos de uso. Sobre ello se insistió la última edición de la Conferencia Internacional de Datos Abiertos (IODC) que se celebró el pasado mes de septiembre en Buenos Aires para establecer el rumbo mundial de estas políticas. Bajo el lema “El futuro es abierto” se recalcó la importancia de promover estas prácticas potenciando no solo la calidad sino la usabilidad de los datos públicos a través de portales accesibles tanto para desarrolladores como para los propios ciudadanos.
Y es que son varios los retos que plantea la explotación de estos datos públicos, tal y como demostró por octavo año consecutivo el encuentro Aporta. No podemos ignorar el papel clave que juega open data en el desarrollo de la inteligencia artificial y las consideraciones éticas asociadas al uso de esta información. Por ello resulta crítico articular cuanto antes un marco jurídico que permita, no solo garantizar la seguridad y la privacidad de los ciudadanos, sino también velar porque esos datos carezcan de sesgos que puedan condicionar conclusiones y decisiones basadas en ellos.
En definitiva, open data forma parte de la responsabilidad de poderes públicos y empresas, pero también del derecho a la información de los ciudadanos que, a golpe de clic, podrán disponer cada vez de más servicios creados a partir de datos que, de alguna forma, le pertenecen.
Imagen: geralt / pixabay
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