Quizá demasiado tiempo regulando la red de cobre hace difícil salirse de esa senda e imprimir a las nuevas redes el cambio necesario. Tras las reglas que se fijaron el pasado mes de noviembre por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y que regularán los mercados de banda ancha en nuestro país al menos en los próximos tres años, yo sigo echando de menos una regulación más dinamizadora de la inversión.
Se trata de un mercado fundamental para el desarrollo económico de un país y palanca clave, tanto para los sectores tradicionales como para las nuevas propuestas económicas que puedan surgir. Por eso, al analizar la decisión tomada creo que los árboles no nos dejan ver el bosque. Habría sido fundamental realizar un análisis prospectivo más ambicioso que hubiese permitido adoptar las decisiones regulatorias necesarias para dinamizar las inversiones sectoriales y llevar la banda ancha de alta velocidad a aquellos lugares donde la mera competencia o los criterios de rentabilidad no lo permiten.
Esta situación me parece más negativa aún cuando analizo la revisión estratégica de las comunicaciones tradicionales realizada por OFCOM (regulador sectorial de las comunicaciones en el Reino Unido) hace un par de meses, principalmente en el punto concerniente a la desregulación y simplificación.
En este aspecto se plantea la eliminación de la regulación, tanto en el segmento residencial como de empresas, allí donde no sea necesaria, es decir, cuando exista una posibilidad real de competencia. En definitiva, el objetivo debe ser la mejora de los servicios de comunicaciones para todos los usuarios del país, y no seguir manteniéndola sin que exista una necesidad clara.
En España, en línea con el criterio de OFCOM, la mera regulación de las facilidades esenciales -como son los conductos y los verticales- sería suficiente garantía para mantener un nivel de competencia adecuado en la mayoría de los municipios nacionales, lo que debería redundar en la flexibilidad de los precios igualmente.
Esta filosofía de actuación la hemos podido ver contrastada el pasado 12 de mayo en el “IV Financial meeting”, bajo el título “El rol del Banco Europeo de Inversiones (BEI) en el Plan Juncker”, promovido por la CECA (Confederación Española de las Cajas de Ahorros), cuando el vicepresidente del BEI anunciaba que una de las principales vertientes del plan de inversiones para Europa era mejorar el entorno de inversión mediante reformas regulatorias y estructurales, tanto nacionales como de la UE, para favorecer la predictibilidad y eliminar obstáculos, y hacía hincapié en la necesidad de esa minimización regulatoria.
Tampoco debemos olvidar el último informe publicado por la CNMC el mes pasado (abril 2016), correspondiente al seguimiento semestral sobre los servicios de banda ancha fija y despliegue de redes de nueva generación (NGA), donde en línea con los anteriores se observa cómo los municipios de más de 10.000 habitantes presentan una clara tendencia hacia la competencia; el usuario dispone de distintas opciones para su elección y la demanda parece razonable para justificar la inversión de los diferentes agentes. Eso denota la evolución seguida por las diferentes figuras mayoristas, con ausencia prácticamente del recurso al acceso indirecto, y con un importante dinamismo del propio despliegue, lo que sería un claro indicador de lo innecesario de regular más allá de las facilidades esenciales en este tipo de municipios.
Además es necesario volver a recordar que los accesos FTTH se han duplicado en el último año (junio 2015 respecto a 2014), período en el que no teníamos regulación sobre este tipo de acceso, más allá de las facilidades esenciales, lo que redunda en la conclusión anterior. Argumento que apoya también la ausencia de merma sobre la capacidad de los operadores alternativos, con una ganancia de accesos activos con independencia del tamaño del municipio sobre HFC o FTTH. Además, los planes de los diferentes agentes garantizaban también la posibilidad de alcanzar un importante nivel de competencia: en la fecha analizada el 76,1 por ciento de los accesos de banda ancha se encontraban en centrales con posibilidad de contratar acceso FTTH.
El gráfico anterior, presentado por Analysys Mason introduce más dudas sobre la decisión adoptada para los próximos años por el regulador nacional sectorial, ya que muestra que debemos seguir respaldando la situación privilegiada alcanzada por España en cuanto a cobertura de fibra, que se produjo sin la existencia de una regulación intrusiva.
En 2015 el acceso a Internet de nuestras empresas, según el “Dossier de indicadores de seguimiento de la sociedad de la información”, elaborado por la ONTSI y publicado en el pasado abril, se realizaba sobre redes de cable y fibra óptica únicamente en un 18,47 por ciento, y las que tenían conexión a más de 100 Mbps eran el 10,13 por ciento. Sigamos, pues, introduciendo herramientas desde la regulación para que continúe la dinamización de nuestros despliegues y el tejido empresarial español pueda estar a la altura de las necesidades futuras que le depara una competencia cada vez más global, e incluso favorecer una deslocalización a nivel nacional del mismo.
Imagen: kern.justin
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