Arde la calle al sol de poniente, hay tribus ocultas cerca del río. Esperando que caiga la noche… Hace falta valor, hace falta valor… Se me viene a la cabeza la canción de Radio Futura porque en una tarde como la del pasado 9 de julio cruzar la Gran Vía para acudir al evento TIC y Justicia fue un reto climatológico.
El impulso renovador de la Justicia española ha propiciado una serie de reformas legislativas de profundo calado en los últimos tiempos, entre las que están la reforma del Código Penal, la nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria, la Ley 18/2011, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, el texto de las bases del Esquema Judicial de Interoperabilidad y Seguridad (EJIS) y la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial. Todas ellas conllevan en mayor o menor medida nuevas percepciones e intenciones derivadas del uso de las nuevas tecnologías.
En el encuentro de Espacio Fundación Telefónica del otro día, Antonio Herrero, gerente de marketing del sector de la Administración General del Estado de Telefónica, como moderador, comenzó dando una serie de datos que contextualizaban el uso de las TIC en la relación entre ciudadanos y empresas con las Administraciones Públicas en general y con la Justicia en particular. Por ejemplo, según el Instituto Nacional de Estadística (INE):
-Más del 65 por ciento de las empresas españolas de 10 a 49 empleados utilizan la firma digital, un porcentaje que se eleva al 88,4 por ciento en empresas con más de 250 empleados.
-Y el 93 por ciento de las empresas interactuó el año pasado con las Administraciones Públicas a través de Internet por siguientes motivos sobre todo: conseguir impresos o formularios de páginas web de las Administraciones Públicas (83,2 por ciento), obtener información de ellas (82,8 por ciento) y declarar impuestos de forma electrónica sin necesidad de ningún trámite adicional en papel, incluido el pago si fuera necesario (79,2 por ciento).
En virtud de estos datos, podríamos hablar de una buena implantación de la Administración electrónica. Sin embargo, dentro de la propia Administración parece que hay diferentes velocidades en el grado de prestación de servicios electrónicos a ciudadanos y empresas.
Según información del Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones (ONTSI), el 56 por ciento de ciudadanos realiza pago de impuestos a través de Internet pero sólo el 26 por ciento utiliza este medio para lo relativo a servicios sanitarios. La cifra cae al 20 por ciento en el trámite de becas y ayudas, y es tan sólo de un 8,4 por ciento para la gestión de certificados de nacimiento/matrimonio y un 3,6 por ciento para el registro de coches.
Según el Cuadro de Indicadores de la Justicia en la Unión Europea existe un aparente gran contraste entre el escaso aprovechamiento de las TIC en la Justicia española frente a la creciente demanda y uso de servicios electrónicos por parte de los ciudadanos y empresas.
En la mesa redonda posterior, Javier de Angulo, registrador de la propiedad de Santa Lucía de Tirajana (Las Palmas), sobre cuyo libro “La modernización de los registros: Una reforma estructural pendiente y un proyecto de datos” se debatió, señaló que ”los registros deben modernizarse porque ha pasado mucho tiempo desde que se crearon y su función dentro de una sociedad cambiante debe replantearse en cada momento. El sistema registral del siglo XXI -dijo- debe ser el archivo de datos de la Administración. Pero un archivo de datos a la altura, en términos de interoperabilidad, inmediatez y de servicio público, sobre todo.”
Joaquín Rodriguez Hernández, registrador mercantil de Zaragoza y director general de los sistemas de registros durante tres años destacó este carácter de servicio público, fue crítico con el modelo actual y señaló la necesidad de un registro moderno al servicio de las propias administraciones porque consideró que había habido una infrautilización. A su juicio, la oposición al cambio como una fuerza negativa que impide avanzar dificulta la transformación necesaria. Se trata de un tema cultural y también organizativo, pues se deben adaptar los procesos y aplicar la tecnología como palanca de cambio.
Respecto al impacto que tendría, Rubén Baz, vocal-asesor de la subsecretaría del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, se refirió a cómo vivió el proceso desde su experiencia como subdirector general del Registro de Nacionalidad y Estado Civil y aseguró que la tecnología reduce las cargas administrativas y sus costes. “En España, la administración ha ahorrado en torno a 20.000 millones de euros. La presentación de documentos por escrito tiene un coste de 80 euros y electrónicamente su coste es de cinco, por poner un ejemplo“, dijo. Y añadió un intangible muy tangible en el registro civil: el "factor pérdida de tiempo”.
Esbozó, por tanto, un panorama con un claro recorrido de mejora.
Cuando el moderador introdujo el tema de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) como una oportunidad para la gestión de las TIC estatales cuyo objetivo es generar más eficiencias, reducir las cargas administrativas y agilizar el funcionamiento de la propia Administración, los ponentes estuvieron de acuerdo en que la reforma necesaria requiere mucha mayor profundidad que la que se ha debatido dentro de CORA. Javier de Angulo valoró su simple existencia como un avance importante, y consideró que los pasos que se han dado son necesarios, pero el propio contexto español (sin inversión, sin gasto, con reducción y contención presupuestaria y de recursos) condiciona el modo de fraguarse. En otro momento podía haber sido más ambiciosa pero, en el actual, ir hacia la colaboración público-privada, la externalización, la inversión para la reducción posterior en el medio y largo plazo de los gastos sería demasiado, dijo. La calificó como “una buena idea que tiene un recorrido muy corto”, si bien añadió que debemos ser optimistas respecto al futuro.
Para Ruben Baz el sistema del registro civil español actualmente es un servicio público muy deficiente, donde lo mejor según su criterio son los recursos humanos que prestan sus servicios. Para su modernización, distinguió una serie de factores externos e internos que es necesario tener presentes. Como externos destacó la propia obsolescencia del Registro, la evolución demográfica del país con su correspondiente mayor carga de trabajo y una mayor exigencia ciudadana de un servicio público de calidad. Y como internos mencionó un excesivo hincapié en lo tecnológico y escasa atención a procedimientos, procesos y organización, además de la complejidad organizativa del propio registro civil.
Respecto a la importancia de su reforma señaló que la memoria anual de CGPJ recoge que más del 50 por ciento de las quejas en Justicia tienen que ver con el funcionamiento del registro civil o, lo que es lo mismo, tiempos de espera excesivos, falta de medios humanos y horario de atención insuficiente al no ser accesible electrónicamente.
Para solventar esta necesidad ha habido esfuerzos desiguales en la informatización y digitalización del mismo y una inversión de unos 120 millones de euros durante los últimos años. En definitiva: un coste grande con resultados agridulces, sentenció Baz.
Por tanto, un modelo caótico, de una complejidad organizativa enorme, judicializado…
Al plantearse cuál debería ser el modelo de registro civil público, y aunque en su momento resultara impensable hoy estamos en condiciones de hacerlo, se dijo que debe estar jurídicamente bien organizado; con mayores competencias; ser electrónico sobre una base de datos única; mantener y aumentar los requisitos en materia de seguridad; debe seguir siendo gratuito y tener el mismo nivel de calidad y eficiencia que los registros de la propiedad y mercantil. Por supuesto, integrado y relacionado con las AA. PP al servicio de las propias AA.PP. Además -se apuntó- si aprovechara la infraestructura funcional, material y humana de los otros registros se podría conseguir esa finalidad de la manera más económica posible.
En cuanto a los grandes beneficios que las TIC bien aplicadas pueden ofrecer como palanca transformadora para el sistema de los registros no hubo dudas y Javier de Ángulo lo desarrolla en su libro: Hoy día es posible en términos de coste aplicar tecnologías impensables hasta hace poco como cloud, que permite implantaciones rápidas y más eficientes. Esto supondría un salto en la prestación del servicio público actual, además de ahorro. Decisiones basadas en big data, reutilización de la información pública, grandes sinergias posibles en el ámbito de las ciudades inteligentes … Un mundo entero por descubrir así como nuevos riesgos en materia de privacidad o ciberseguridad, diferentes pero no de mayor peso que los actuales. Se atisba, por tanto, un entorno superior con servicios prestados de forma más eficientes y otros nuevos, que pasa por una necesaria planificación del cambio para pasar de un modelo fallido a otro de éxito .
En definitiva, una jornada con un final apasionante por descubrir. Mientras la Justicia sigue avanzado a su ritmo aprovecharé para irme con un suave balanceo cruzando con mi traje nuevo por la Gran Vía. ¡Feliz verano a todos!
Imagen: Tori Rector
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