En 2018 un compañero escribía de blockchain en la Administración española. Ya entonces generaba interés y se debatía sobre cómo avanzar en la adopción de servicios de utilidad para los ciudadanos basados en esta tecnología. El reto era encontrar dónde podía resultar óptima su aplicación.
Obviamente no puede ser la solución a todos los problemas y para obtener beneficios hay que encontrar los casos de uso pertinentes. Pero es llamativo que blockchain en la Administración puede contribuir a sus dos primeros desafíos en la era posCOVID: la simplificación de la gestión administrativa y la reducción de la burocracia y convertir la interoperabilidad en realidad.
Posibles usos de blockchain en el sector público
Magdalena Cordero, directora de Información, entorno de trabajo e innovación del Tribunal de Cuentas Europeo, en el documento "Blockchain en el sector público, una perspectiva internacional" apunta algunas de sus utilidades. Entre ellas, gestión de la identidad, registro de títulos y/o activos, correcta manipulación de datos de salud o validación de títulos y emisión de certificados y diplomas en el ámbito de la enseñanza. También voto electrónico, seguimiento y regulación de mercados, impuestos, gestión de compras, contratos y proveedores, en plataformas para la gestión de ciudades inteligentes y contenidos y publicaciones inmutables.
Se decía también en aquel artículo de 2018 que estábamos en los albores de blockchain aunque los plazos para su adopción serían netamente inferiores que los de Internet. Ese mismo año el Parlamento Europeo adoptaba una resolución para fomentar la confianza en esta tecnología. Planteaba también la necesidad de adoptar iniciativas estratégicas en campos como la energía, el medioambiente, el transporte o la cadena de suministro, por poner algunos ejemplos.
Tres años después, y aprovechando los datos que proporciona la reciente edición del informe de la Sociedad digital en España, de Fundación Telefónica, es buen momento para actualizar el estado de la implantación de blockchain en la Administración de nuestro país.
“Los proyectos que plantean el uso de blockchain en el sector público se multiplican en todo el mundo -recoge el documento. Numerosos países están poniendo en marcha iniciativas en este sentido, tanto en el ámbito de la Administración central como en entes autonómicos y locales y otros tipos de organismos y empresas públicas”.
Ventajas del uso de blockchain en la Administración
Entre otros, estos son los beneficios de usar blockchain en el sector público:
- Generación de confianza en la información y los procesos.
- Reducción del coste económico.
- Menor tiempo de ejecución.
- Disminución de la complejidad de los intercambios de información tanto dentro de la Administración como entre ésta y la sociedad.
- Aligeramiento de la carga burocrática gracias a la desintermediación.
- Dificultad para incurrir en prácticas de corrupción.
- Fomento de la transparencia en la información pública y su auditabilidad. Contribuye, así, al objetivo de un gobierno abierto.
De Estonia a Emiratos Árabes, interesados en blockchain
Sin embargo, en Europa, excepto en el caso de Estonia, cuyas peculiaridades ya veíamos como país nativo digital, la mayoría de las iniciativas están todavía en estudio o fase piloto.
El Gobierno estonio lleva trabajando con blockchain de forma experimental desde 2008 y ha sido el primer país en usarlo a escala nacional. Desde 2012 utiliza esta tecnología para la gestión de registros. El Ministerio de Justicia, por ejemplo, ha puesto en marcha una base de datos abierta al público en la que se puede consultar cada borrador de proyecto de ley. Gracias a blockchain, se puede saber quién realizó la propuesta de ley y todos los cambios experimentados hasta su aprobación parlamentaria.
Ha desplegado también esta tecnología para la gestión de testamentos y tiene un registro de eSalud respaldado con blockchain que se puede utilizar para hacer recetas electrónicas.
Los Emiratos Árabes, por su parte, también han realizado una gran apuesta por esta tecnología. Quieren desarrollar un gobierno basado en blockchain en Dubai y hay una veintena de casos de uso piloto en el área de las carreteras y el transporte, la energía, la educación o la salud.
Proyectos en España
En España el caso más representativo de uso de blockchain en la Administración pública es el del Gobierno de Aragón, cuya iniciativa fue reconocida en el X Congreso Nacional de Innovación y Servicios Públicos (CNIS). Utiliza esta tecnología para controlar y dotar de transparencia al proceso de licitación de obras públicas. Una plataforma facilita el registro distribuido de ofertas y su evaluación automatizada en procedimientos de contratación pública electrónica.
Otro ejemplo representativo es CONFIA, un proyecto del Ayuntamiento de Málaga junto con Endesa. Trata de evitar que a ninguna familia vulnerable le lleguen a cortar la luz por impago de facturas. Es posible gracias al flujo de información compartida en tiempo real entre la compañía y el departamento municipal de bienestar social, que ayuda a los hogares necesitados. Se está probando en la capital malagueña y, si funciona, se extenderá a otras.
Y en el sector académico, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) entró en Alastria para poner en marcha la red universitaria blockchain española para formalizar las titulaciones e intercambiar expedientes de forma automática.
Impulso de la Unión Europea
En 2018, la Unión Europea ya creó un observatorio de tecnología blockchain para monitorizar las tendencias del mercado y acelerar la innovación y el desarrollo del ecosistema alrededor de esta tecnología. En estos años el observatorio ha publicado varios informes sobre las aplicaciones y oportunidades que ofrece blockchain para los gobiernos.
Una infraestructura europea de servicios blockchain (EBSI)
Pero, más allá de eso, seguramente la iniciativa que más influya en la evolución y adopción de blockchain en la Unión Europea durante los próximos años sea la creación de una infraestructura europea de servicios blockchain (EBSI por sus siglas en inglés).
Esta infraestructura se está desplegando actualmente de manera colaborativa. Cada gobierno es responsable de la administración de sus nodos y, a día de hoy, veinte estados miembros ya están operando una red con más de treinta nodos. España es uno de los primeros países que está impulsando la puesta en producción de EBSI.
Dentro de esta iniciativa entre los primeros servicios que se han definido, que permitirán impactar en la vida de los ciudadanos, están la emisión de diplomas académicos con validez transnacional, la notarización de documentos y, por supuesto, la identidad digital.
La identidad digital
Cuando hablamos de identidad y blockchain normalmente nos estamos refiriendo a la identidad soberana autogestionada (Self Sovereign Identity, SSI por sus siglas en inglés) y a la emisión y verificación por empresas y entidades de credenciales verificables. España puede presumir de ser el primer país del mundo con un estándar sobre este concepto.
Una “cartera digital” europea
Hace un par de semanas, la Comisión Europea anunció la creación de una identidad digital europea (la identidad digital en definitiva). Esta va a permitir, por ejemplo, que todos los ciudadanos puedan disponer del pasaporte de vacunación emitido por las autoridades de su país, región o ciudad en un formato interoperable de credencial que podrán verificar hoteles, líneas aéreas, teatros y cualquier empresa para ofrecer un servicio.
Una nueva forma de relación de los ciudadanos con la Administración
Pero, más allá de la vacunación, la identidad promovida por la Unión Europea será una colección de credenciales personales. Algo así como nuestra cartera del mundo físico, en la que guardamos credenciales para retirar dinero del banco (tarjetas de crédito), subir al transporte público (bonobuses), retirar un libro (carné de la biblioteca), alquilar una bici, etc. Todo ello desaparecerá con esa nueva “cartera digital”, que va a ser el verdadero habilitador de nuevos servicios y, sobre todo, una nueva forma de relación de los ciudadanos con la Administración.
Con la convergencia de estas iniciativas y la aceleración de la digitalización que ha provocado la pandemia, seguro que dentro de otros tres años podremos hablar de una implantación aún mayor de blockchain en la Administración pública de nuestro país.
El papel de Alastria y Telefónica
Alastria, el consorcio español de blockchain, tiene un importante papel dinamizador en este sentido, ya que buena parte del trabajo de esta identidad digital europea se basa en el modelo de identidad desarrollado en estos últimos años por las comisiones de trabajo de la asociación. De la misma manera, Telefónica, socio de Alastria y única empresa española incluida en la lista “Blockchain 50” de Forbes, es el partner ideal para ayudar a configurar estos servicios al sector público y facilitarle la adopción de esta tecnología.
Imagen: QuoteInspector.com
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